lunes, 5 de enero de 2015

Condena contra CAP

El 30 de mayo de 1996, Carlos Andrés Pérez, recién salido de su segundo mandato de la Presidencia de la República, fue condenado a 2 años y cuatro meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
El ex presidente calificó la decisión de “monstruosa” y anuncio preparar su regreso político. Saldría en septiembre a seguir sus luchas, visitar a Venezuela para recuperarse porque ya había cumplido dos años de reclusión domiciliaria y sólo le restaban cuatro meses. Dijo entonces al saberlo, que no declararía la guerra a nadie y desde su equilibrio emocional lucharía por restituir la dignidad al sistema judicial venezolano.
El 19 de septiembre exactamente, el ex presidente Pérez salió en libertad desde la medianoche del 19, poniendo fin al proceso penal más polémico de la historia reciente del país.
El ex mandatario de 73 años fue condenado por malversación de 17,2 millones de dólares pertenecientes a los fondos públicos para gastos de seguridad y defensa nacional, en la culminación de un proceso iniciado en mayo de 1993. La Corte Suprema sentenció a Carlos Andrés Pérez a dos años y cuatro meses de detención, computando en la condena el tiempo que llevaba recluido.
El 3 de octubre, el ex presidente Pérez, tal como lo había prometido, inició su primera gira por Guayana. Visitó Tumeremo, El Callao, Guasipati, Upata y Ciudad Guayana y fue recibido con palpables manifestaciones de solidaridad.
Podría decirse que la condena comenzó contra Pérez el 20 de mayo de 1993 cuando el grupo de los llamados “notables”, presionó para cambios en el ordenamiento político, entre ellos, la recomposición de la Corte Suprema de Justicia en 1992. Con una Corte recompuesta gracias al pase a retiro de algunos de sus miembros y su sustitución por otros magistrados independientes de los partidos, en marzo de 1993, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, solicitó un antejuicio de mérito al presidente Carlos Andrés Pérez por malversación de fondos públicos en el orden de Bs. 250.000.000 de la partida secreta. También consideró el fiscal que existía responsabilidad penal para los ex ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo. El Tribunal de Sustanciación de la Corte Suprema, admitió la petición y reabrió el caso que había sido declarado improcedente en febrero tras una primera demanda intentada por el partido La Causa R. La ponencia fue encomendada al presidente de la Corte, Gonzalo Rodríguez Corro. El 5 de mayo algunos diarios recogían el rumor de que la ponencia del magistrado Rodríguez Corro era desfavorable al presidente Pérez y que éste, al conocer del posible fallo, habría dicho que renunciaría. Es de destacar que por esos mismos días, una comisión especial del Congreso estaba terminando su informe donde también encontraban responsabilidades de Pérez, junto con otros altos funcionarios de su gobierno, por fraude a la Nación de aproximadamente US$ 10.000.000. Planteada la posibilidad de que el Presidente de la república pudiese ser sometido a juicio, la zozobra del país, adquirió ribetes dramáticos. El 20 de mayo, buena parte de los venezolanos detuvieron sus actividades cotidianas para escuchar la anunciada decisión de la Corte Suprema. A tempranas horas de la tarde, actuando como vocero de la misma, el magistrado Rodríguez Corro declaró con lugar la solicitud de antejuicio intentada el pasado 11 de marzo por el fiscal general contra el presidente y sus ex ministros Izaguirre y Figueredo.
El Senado se reunió al día siguiente y por unanimidad autorizó el juicio, asumiendo a continuación la presidencia del país, de manera provisional, el presidente del Congreso, Octavio Lepage. Poco después el Congreso eligió como sustituto definitivo del presidente a Ramón J. Velásquez. El presidente Velásquez tomó posesión el 5 de junio siguiente.

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