El 26 de febrero de 1994 se registró un ataque guerrillero colombiano contra los efectivos del Apostadero Cararabo sobre el río Meta en un sector entre los estados Amazonas y Apure.
Ocho infantes resultaron muertos y heridos 12 efectivos. El asalto fue atribuido a las FARC, según el Presidente de Colombia, y se produjo a las cuatro de la mañana del domingo.
El presidente Rafael Caldera protestó enérgicamente el ataque y en su mensaje anual al Congreso dijo que si la guerrilla colombiana repetía el ataque su gobierno invocaría el derecho a la legítima defensa.
Más tarde se supo que fue el grupo guerrillero colombiano ELN (Ejército de Liberación Nacional) que cruzó la frontera con Venezuela y lanzó el ataque por sorpresa contra una base naval en Cararabo.
Tras los homicidios, algunos de los cuales pueden haberse tratado de ejecuciones extrajudiciales, la Marina detuvo a 24 personas de Cararabo y sus alrededores. Muchos de los detenidos fueron sometidos a tortura y malos tratos, y se informó que uno de ellos, Juan Vicente Palmero, había “desaparecido”. Al parecer, habría muerto bajo los efectos de las torturas.
La Marina afirmó entonces que los campesinos habían participado en el ataque; pero el 15 de marzo de 1995, todos los detenidos habían quedado en libertad sin cargos.
Tras el ataque de Cararabo, la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia se ha venido militarizando cada vez más. Decenas de colombianos que vivían en Venezuela sin permiso de trabajo fueron expulsados del país en esa ocasión.
Seis años después se registró en la zona fronteriza de El Amparo, Apure, un hecho similar, pero al revés y más escandaloso y sangriento, pues los guerrilleros asesinados en número de catorce, resultaron ser pescadores de la zona.
Los medios de comunicación dieron a conocer el suceso como “La Masacre de El Amparo”, hecho acontecido el 29 de octubre de 1988, específicamente en la localidad de El Amparo, municipio Páez del estado Apure, fronterizo con Colombia, donde fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación denominada “Anguila III”, que consistía en la lucha contra grupos subversivos colombianos. Las víctimas totales fueron 16, dos de ellas sobrevivieron.
Esta matanza fue coordinada por los jefes del Cejap el general Humberto Camejo Arias, coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco. Los efectivos justificaron la acción alegando que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano. Pero casi la totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales.
El proceso de investigación del caso se realizó bajo la jurisdicción militar. Los militares se declararon inocentes, sus argumentos fueron que se enfrentaron supuestamente con grupos subversivos declarando así la actuación de legítima defensa.
Según los abogados defensores de las víctimas, en este proceso judicial se evidenció, por parte de los fiscales militares y los jueces, una serie de irregularidades con la finalidad de mantener absueltos de culpa a los imputados del hecho.
El columnista del diario “El Expreso”, Jaime E. Robles, escribió un libro titulado “La verdad sobre la masacre de El Amparo” en defensa de los indiciados en este caso que tuvo repercusión internacional con intervención de la Corte Interamericana de los Derecho Humanos, que condenó a Venezuela y obligaba al Gobierno a indemnizar a los familiares de la víctimas.
Lo cierto es que hubo clara impunidad en el proceso judicial castrense y toda la verdad quedó sepultada con la sentencia definitiva e inapelable de la Corte Marcial que declaró inocentes a los imputados.
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