miércoles, 1 de octubre de 2014

La crisis financiera del 94


El 14 de enero de 1994, por decisión del Banco Central, fue excluido el Banco Latino de la Cámara de Compensación. Posteriormente, el 17, fue intervenido por el Estado y tres meses luego, rehabilitado tras fuerte inyección de capital.
Presidenta del Banco Central era entonces Ruth de Krivoy, quien se vio impelida a renunciar a final de febrero y sustituida por el experto financiero Antonio Casas González. Tal sustitución fue recibida con nerviosismo en el mercado cambiario, que elevó la cotización del dólar estadounidense de 119,35 a 123,75. Cinco puntos que correspondían a más de un mes de alza en condiciones normales.
La crisis financiera se agravó el 15 de junio con la intervención de siete bancos y una institución financiera debido a que se quedaron sin activos y sin respaldo. La medida afectó a la economía venezolana. Los bancos afectados fueron Maracaibo, Bancor, Metropolitano, Barinas, Construcción, La Guaira, Amazonas y la Sociedad Financiera Fiveca.
El 27 de junio el presidente de la República Rafael Caldera, en alocución dirigida al país, anunció un control de cambio y suspensión de las garantías constitucionales, además del control de precios sobre bienes y servicios e implementación de un bono especial de alimentación y otro de transporte.
Tres días después, el Gobierno dictó un decreto por medio del cual establecía un mayor control del Estado sobre los bancos y precisó que no se trataba de una nacionalización o estatización de hecho. La meta del Gobierno era conseguir durante cuatro años la total estabilización del sector financiero.
Aunque Caldera prometió durante su campaña no acudir jamás ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), debió hacerlo ante la crisis económica. El nulo efecto de la práctica intervencionista en la economía del país, hizo que Caldera anunciara el programa llamado Agenda Venezuela que prometía restablecer el equilibrio macroeconómico y apalear la inflación aplicando medidas tildadas por sus detractores como de corte neoliberal de acuerdo con las recomendaciones del FMI, que hasta entonces se había resistido a adoptar.
 Así, se devaluó el bolívar en un 70%, el control de cambio fue levantado, los combustibles se encarecieron en un 800%, se liberalizaron los tipos de interés (el IVA subió a 16,5%), se continuó el proceso de privatización de los activos del Estado y se avocó a la disciplina en el gasto público, que no surtieron efectos debido a la crisis económica mundial en ese momento. Estas medidas fueron bien acogidas en el exterior, pero no en el país, en donde fueron frecuentes las manifestaciones y disturbios de la población que se sentía afectada negativamente.
En 1997, una comisión tripartita, conformada por el sector empresarial, laboral y Gobierno, asumieron la reforma del régimen de prestaciones sociales, tras la revisión profunda de la Ley Orgánica del Trabajo. La labor de la comisión tripartita quedó plasmada en un sistema de prestaciones sociales que preveía, entre otras cosas, su pago anual y no al cese del desempeño laboral como se hacía anteriormente; al mismo tiempo, se establecieron cinco subsistemas de seguridad social con la finalidad de mejorar la actividad del Ejecutivo en la resolución de los problemas básicos de los trabajadores venezolanos.
También en el Gobierno de Caldera se inició un proceso de apertura petrolera que muchos catalogaron como el preludio a la privatización del sector; sin embargo se llevó a cabo aglutinando esfuerzos del sector privado, nacional e internacional, para la explotación, exploración y refinamiento de petróleo y gas natural. La crisis mundial en los mercados del crudo influyó negativamente en este proceso.
Debido a diferencias con partidos de la coalición gubernamental como el MAS, Caldera buscó el apoyo de la principal fuerza legislativa el partido AD, donde algunos de sus miembros entraron en su gabinete.

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