jueves, 9 de octubre de 2014

Los vengadores de Pérez Jiménez

La Corte Suprema de Justicia acordó detención contra Carlos Andrés Pérez y sus Ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchart por el delito de malversación genérica y peculado doloso propio, previsto en los artículos 60 y 58 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público.
         El anuncio fue hecho desde la sede de la Corte Suprema de Justicia por su Presidente Roberto Yápez Boscán.  Posteriormente el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática acordó excluir de sus filas a Carlos Andrés Pérez, decisión que fue ratificada el 26 de mayo de 1994  por el Consejo Directivo Nacional con el voto del 80 por ciento de la concurrencia.
         El Secretario General del CEN de AD, Luis Alfaro Ucero, informó del acuerdo.  En esa ocasión Carlos Andrés Pérez respondió desde su cautiverio en El Junquito que “un decreto jamás me podrá excluir del partido”, mientras el ex candidato presidencial Claudio Fermín, vocero de la corriente renovadora dentro del partido blanco, calificó la decisión como “un insólito y equívoco hecho protagonizado por una minoría que ni siquiera se dejó contar”
En septiembre de 1996, Pérez finalizó el cumplimiento de su condena de dos años de prisión domiciliaria y anunció su intención de regresar a la política, lo cual se plasmó en marzo de 1997 con su fundación de un nuevo partido, el Movimiento de Apertura y Participación Nacional, compuesto por miembros independientes y por disidentes de AD. El 14 de abril de 1998, el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público ordenó nuevamente su detención, junto a la de su compañera, Cecilia Matos, acusándoles de enriquecimiento ilícito al haber desviado fondos públicos a cuentas bancarias conjuntas en el extranjero. Sufrió un nuevo arresto domiciliario, lo que le permitió lanzarse como senador por su estado natal (Táchira) en los comicios legislativos y regionales de noviembre de ese año, motivo por el cual recuperó la inmunidad parlamentaria.
La sentencia de la Corte, elaborada por el magistrado Luis Manuel Palís, condenó a Carlos Andrés Pérez a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario, además de reparar el daño o indemnizar al patrimonio público.
La causa del veredicto fue la malversación de fondos públicos y fraude a la nación a través de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores.  Hasta ahora ha sido el único venezolano en abandonar la jefatura de Estado por quedar demostrada su participación en hechos dolosos.
Carlos Andrés Pérez, presidente de la República entre 1974 y 1979, había asumido su segundo período constitucional (1989-1993) anunciando un conjunto de medidas económicas que en apenas días llevó a la nación a serios niveles de desabastecimiento, inflación y altos índices de desigualdad social que hicieron posible las condiciones para la implosión de El Caracazo (rebelión popular del 27 de febrero de 1989) y las rebeliones patrióticas cívico-militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.
El caso se inició el 22 de febrero de 1989 tras la solicitud de rectificación presupuestaria a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para gastos de seguridad y defensa de la nación (que era de 250 millones de bolívares) y que al final eran para cubrir los gastos de seguridad de la Presidente de Nicaragua,

El 8 de noviembre de 1992, el periodista José Vicente Rangel denunció el caso a través de su programa dominical José Vicente Hoy.  Luego pasó a la Comisión Permanente de Contraloría de la Cámara de Diputados y el 11 de marzo de 1993, el  Fiscal General de la Nación, Ramón Escovar Salom, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia un antejuicio de mérito contra el mandatario y sus ex ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchart.

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