El 30 de enero de 2001, el ejecutivo regional había completado los estudios correspondientes al establecimiento de tres zonas francas en nuestra entidad federal, con las cuales elevar la productividad de la región en las áreas minera e industrial.
Este anuncio lo hizo el primer mandatario regional, Antonio Rojas Suárez, quien destacó que la Dirección de Planificación y Presupuesto ya tenía listos los proyectos para zonas francas en El Callao, Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana.
Estos proyectos que serían presentados al gobierno central para su aprobación contemplaban a El Callao como zona franca para la refinación y comercialización del oro que se produce en esa región de nuestro estado; mientras que la zona franca de Ciudad Bolívar sería para establecer la Bolsa de Diamantes.
En Ciudad Guayana se establecería una zona franca industrial. El establecimiento de zonas francas permitiría con exoneración de impuestos, el asentamiento de industrias en la región, lo que se traduciría en más empleos y mayor productividad para la región.
Años después, es decir, el 26 de diciembre de 2005, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela salió publicado el decreto 4.181, mediante el cual el presidente Hugo Rafael Chávez Frías autorizaba la creación de la empresa estatal Zona Franca Integral Bolívar S.A.
El objetivo de construir la Zona Franca que se situaría en el sector Punta Cuchillo de Matanzas, era darle valor agregado a las exportaciones del estado Bolívar, que en su mayoría son materias primas, convirtiéndolas en productos manufacturados mediante el desarrollo tecnológico. La Zona Franca Integral Bolívar ocuparía un espacio de 130.16 hectáreas que podría ser ampliado a 214, aunque en su primera etapa serían 43.91 hectáreas distribuidas en 62 parcelas.
Las estimaciones de la CVG dieron al proyecto una capacidad de generar 5 mil empleos directos y 20 mil indirectos durante el período de construcción, y ya en funcionamiento 2.450 empleos directos y 7.350 indirectos, lo que potenciaría la economía del municipio Caroní y todo el estado Bolívar.
La urbanista María Nuria De Césaris, quien trabajó a través del Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul) en la zonificación del área donde se ubicó el proyecto, la Unidad de Desarrollo UD 501, expresó que “la idea de las zonas francas industriales es que se conviertan en un punto de innovación, que traigan nuevas tecnologías, formen nuevas tecnologías y generen toda una dinámica con nuevos productos, motorizando un proceso de producción creativo”.
Aunado a esto, las zonas francas industriales deben incluir a las universidades, para que con los conocimientos de estas casas de estudios apoyados por la inversión se puedan crear nuevas propuestas productivas.
“Se generan nuevas empresas con tecnologías innovadoras que son acompañadas en todo el proceso, se hacen trabajos de investigación para que a partir de los productos ya existentes se generen nuevos con una alianza entre el sector privado, universidades, y gobierno, esa es la clave para el éxito de las zonas francas”, explicó De Césaris.
El decreto que crea la empresa Zona Franca Integral Bolívar Sociedad Anónima, indicaba que esta compañía sería de capital público, dividido de la siguiente manera: La CVG con un 40%, y Venalum, Alcasa, Ferrominera, Proforca, Edelca y CVG Internacional con un 10% cada una para totalizar el 60% restante. Comenzó el movimiento de tierra en el lugar previsto y de repente todo quedó paralizado y abandonado sin ninguna explicación hasta hoy.
En septiembre de 2008, 300 desempleados agrupados en el Sindicato Único de la Industria de la Construcción, exigieron al Gobierno Nacional la reactivación del proyecto, alegando que el movimiento de tierra realizado se estaba perdiendo, pero hasta ahora las ondas del reclamo no han vibrado en los tímpanos del Gobierno central.
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