martes, 19 de mayo de 2015

La mina de oro Sosa Méndez

En marzo de 2001 se dieron los primeros pasos para reactivar la mina Sosa Méndez, una de las tantas vetas abandonadas desde que el portugués Ayres estuvo por el Yuruari en busca de los tesoros de El Dorado que le fue imposible al caballero inglés Sir Walter Raling y al propio fundador de Santo Tomás de Guayana, Antonio de Berrío, venido antes.
Los primeros pasos lo marcaba el convenio bilateral China-Venezuela que prometía invertir, según estudios preliminares, unos 13 millones de dólares.
Esta mina de la señora Sosa Méndez que ha tenido que ser muy acaudalada y ambiciosa, terminó bajo la administración de la CVG Minerven que veía mejor concederla al poderoso imperio chino para su explotación con recursos técnicos más eficientes que los primitivos.
Esta reactivación que aguardaba ansiosa la población minera desempleada de El Callao, sería el inicio para otros dos acuerdos que proyectaban. La recuperación de las colas auríferas y el aumento de la producción en la mina Caratal. El convenio fue suscrito poco después en la reunión que sostuvieron los mandatarios Jiang Zemin y Hugo Chávez, de China y Venezuela respectivamente.
Consistiría en la reactivación y ampliación de la mina productora de oro Sosa Méndez, que estuvo inactiva por cerca de 46 años. Con los trabajos se pretendía incrementar la actual producción del yacimiento subterráneo e incrementar su vida útil. En la reactivación estaba prevista una generación de 350 empleos.
La empresa asiática involucrada en esta empresa fue identificada como la Shandong Gold Group. La mina Sosa Méndez es un yacimiento que posee reservas de mineral aurífero por el orden de las 912 mil 152 toneladas a un tenor de 10.42 gramos de oro por tonelada. El proyecto que se adelantaba con el grupo chino estimaba contar con una capacidad de extracción de mineral de 500 toneladas diarias.
Sin embargo, en el 2009, fue la decepción. La china Shandong Gold, rescindió el contrato y nuevamente la mina pasó a manos de Minerven por lo que el gobierno reafirmó su decisión de la nacionalización. Tan es así que desde 2003 no se entrega una concesión para explotar oro, salvo la otorgada a la empresa mixta Venrus (asociación de Rusoro con el Ejecutivo). Casi 90% de la producción está en manos del Estado y el resto es pequeña minería, afirma Luis Rojas, presidente de la Cámara Minera de Venezuela.
El Gobierno ha revocado casi todas las concesiones a transnacionales -incluidas las que tenían la canadiense Crystallex para Las Cristinas y la estadounidense Gold Reserve para Brisas del Cuyuní- y ha promovido la pequeña minería.
En su oportunidad el Presidente de la República aseguró que el objetivo de la nacionalización era “tomar la zona del oro para combatir las mafias y el contrabando”. No obstante, el presidente de la Cámara Minera nunca ha estado muy seguro de ello pues el Gobierno está presente en las zonas auríferas con la Fuerza Armada y el Ministerio de Industrias Básicas y Minería” y nada ha cambiado hasta ahora. Hay quienes aseguran que la minería ilícita extrae ocho toneladas de oro al año, la misma cantidad que la legal, lo que supone más de 400 millones de dólares al precio actual.
El dirigente de la Cámara Minera asegura que las regulaciones gubernamentales son las que fomentan la ilegalidad. Las empresas mineras están obligadas a vender la mitad de la producción de oro al Banco Central de Venezuela. La otra mitad puede exportarse, pero las compañías sólo pueden quedarse con un porcentaje de las divisas -para cubrir gastos en el exterior- y deben vender el resto al BCV, también a tasa oficial, según el control de cambio vigente.

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