La Masacre de Vista Hermosa

El 23 de marzo de 2004, los fiscales primero del Ministerio Público, Williams García Padrón; y 127 Pedro Pérez, solicitaron ante el juez primero de control Gilberto Zerpa, una orden de aprehensión contra cuatro oficiales adscritos al Destacamento 81 de la Guardia Nacional, por su presunta participación en los hechos de sangre registrados el pasado 10 de noviembre en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, donde perdieron la vida 7 reclusos.

La medida –que califica las acciones de los funcionarios como homicidio calificado- es contra el capitán William José Campos Lozada, subteniente Salvador Franchi Rincones, subteniente Gustavo Emiro Puerta Martínez y el distinguido Pedro Ramón Belisario.

Se pudo conocer, que los primeros fiscales a cargo de la masacre de Vista He3rmosa, fiscal segundo Víctor Sevilla y fiscal quinto José Salerno, fueron recusado ante la Fiscalía General de la República por el comandante del Core 8, general de brigada Alberto Betancourt Nieves; y posteriormente fueron suspendidos del caso.

Betancourt Nieves reconoció que había recusado ante la Fiscalía General de la República a Salerno y Sevilla, pues a su criterio este último "ha querido viajes a los familiares de los testigos a Caracas, para que denuncien ante los medios nacionales".

Los actos conclusivos del expediente fueron  pospuestos en mayo de 2005 y demoraron hasta noviembre de 2012 toda vez que existían dos versiones de lo ocurrido el 10 de noviembre en la cancha de béisbol de la cárcel. La primera, ofrecida por representantes del Destacamento Nº 81 de la GNB y avalada por el director de la Junta Interventora del Ministerio de Interior y Justicia, Alfredo Veloz, dice que se trató de un motín contra los castrenses.

Aseguraron que los militares debieron intervenir porque la sede del destacamento -ubicada a las afueras de Vista Hermosa- fue atacada a tiros por un grupo de internos mientras se desarrollaba una reunión con Veloz en el interior de la cárcel, reunión en la que el representante ministerial fue tiroteado como represalia a traslados que se tramitaban.

Al acceder al interior del penal, un grupo de funcionarios de la GNB fue atacado a tiros por los internos. Los reclusos se replegaron en áreas remotas y ello llevó a que se lanzaran gases lacrimógenos para que salieran. En el supuesto motín fallecieron siete reclusos y 15 resultaron heridos. También resultaron lesionados dos custodios internos del penal.

Según la segunda versión, investigaciones realizadas por el OVP revelan que en la mañana de ese 10 de noviembre en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar. “Los presos esperaban el conteo diario y los militares entraron disparando (…), luego los llevaron al campo de béisbol y los golpearon con peinillas, rolos y tubos”, contó Prado.

Agregó que después de la golpiza, los funcionarios llamaron por nombre y apellido a siete internos que habían participado en una reciente huelga de hambre que logró una serie de acuerdos en beneficios de la población penal. “Esos siete internos son los que posteriormente aparecen asesinados”, indicó el director del OVP.

Los cadáveres de los siete reclusos muertos: Orlando Olivares, Héctor Muñoz, José Gregorio Bolívar, Orangel José Figueroa, Richard Núñez Palma, Pedro López Chaurán y Jhoel Reyes Navas, presentaban disparos, golpes y puñaladas. Seis eran oriundos de San Félix, mientras que Orlando era de Ciudad Bolívar y saldría libre a finales de noviembre.

Por la muerte de los siete internos, la Fiscalía 2º de Derechos Fundamentales imputó por el delito de homicidio calificado a cuatro efectivos de la GNB: el distinguido Pedro Belisario Muñoz, el subteniente Salvador Franchi Rincones, el teniente Gustavo Puerta Martínez y al capitán Julián Campos Lozada. A todos les otorgaron una medida cautelar de libertad.