Para revocar el mandato de Chávez se requería 3,8 millones de votos SI y que NO obtuviese menos votos que la oposición y que acudiese a votar 25% de los electores. Venezuela entonces tenía 24,6 millones y había inscritos: 14.245.615 electores. Máquinas de votación: 19.662. Seguridad: 118.000 militares.
Después de un camino largo, y para muchos lleno de obstáculos, por fin llegó el día esperado por los venezolanos: la oportunidad de decidir el futuro del país en el referéndum revocatorio presidencial.
Poco más de 14 millones de venezolanos están habilitados electoralmente para participar en esta jornada comicial inédita. Independiente de la opción que se prefiera, el consejo era acudir sin miedo, temprano y molado de mucha paciencia, para poder ejercer un derecho constitucional que sólo es posible en un régimen democrático. Nadie debe quedarse en casa, nuestro futuro y el de nuestros hijos está en juego, decían las consignas.
El 27 de agosto el presidente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero, anunció al país los resultados definitivos del referéndum revocatorio presidencial del pasado 15 de agosto.
Carrasquero dijo que la opción del “No” obtuvo 5 millones 800 mil 629 votos, (59,25%) mientras que el Sí alcanzó 3 millones 989 mil 8 sufragios (40, 74%) y la abstención se ubicó en 30,02%, una de las más bajas de la historia democrática.
La directiva del CNE entregó el viernes al presidente Chávez el certificado oficial de su ratificación. Pero, al término de una reunión con la directiva del CNE, el representante de la Coordinadora Democrática, Felipe Mújica, ratificó las denuncias de fraude electoral. “Es necesario aclarar las dudas, pues siguen de manera persistente, es una acusación que vamos a documentar y presentaremos al país las pruebas. Queremos buscar alternativas que permitan aclarar el fraude antes de discutir las elecciones regionales”.
De manera que los representantes de la Coordinadora Democrática, Delsa Solórzano y Enrique Naime, solicitaron formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la impugnación del proceso de referendo revocatorio presidencial realizado el pasado 15 de agosto.
Funcionarios de seguridad interna del Poder Electoral trataron de impedir el acceso de Solórzano al edificio, por lo que fue necesaria la mediación del vicepresidente del ente electoral, Ezequiel Zamora, quien aseguró que le notificó al rector Jorge Rodríguez, y posteriormente se dejó ingresar al recinto a la representante legal de la alianza opositora.
Solórzano explicó que se trata de una impugnación completa del proceso, por considerar que “los múltiples vicios ocurridos durante la realización del referendo revocatorio presidencial vician de nulidad absoluta los resultados obtenidos en el mismo”.
Indicó que consignaron un total de 1.077 elementos probatorios, que consisten en denuncias de ciudadanos a los cuales se les cercenó el derecho al sufragio, pruebas de la manipulación del Registro Electoral Permanente, los hallazgos presentados por la comisión que encabeza Tulio Álvarez y los informes realizados por Súmate.
Solicitaron además la inhibición del rector Oscar Battaglini, por haber emitido opinión cuando señaló que esto “es cosa juzgada”.
Por su parte, el abogado Tulio Álvarez señaló que el comunicado emitido por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) sobre las comunicaciones sostenidas por las máquinas de votación con el centro de totalización, lejos de restarle credibilidad a las acusaciones de fraude, las ratifican.
El secretario general saliente de la OEA, César Gaviria, en su informe final sobre la labor de facilitación en el proceso electoral venezolano, aseguró que es necesario que la oposición reconozca los resultados del referéndum del 15 de agosto e instó al CNE a seguir atentamente las denuncias de la Coordinadora Democrática.
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