El 13 de octubre de 1990,
los gobernadores de Bolívar, Andrés Velásquez; de Anzoátegui, Ovidio González;
de Apure, José Montilla; de Guárico, Modesto Freites; de Amacuro, Emery Mata
Millán; de Amazonas, Edgar Fallardo y el Presidente de la CVG , Leopoldo Sucre Figarella
(en la foto), suscribieron en Ciudad Bolívar un convenio del área de influencia
del río Orinoco, similar a uno que días antes había sido suscrito en la Casa del Congreso de Angostura.
Aquel Convenio del 90, cuya firma presenciaron el Ministro
José Antonio Abreu, el gobernador de Sucre, Eduardo Morales Gil y numerosos
representantes de las instituciones vitales de la región y la nación, tenía por
objeto articular un programa orgánico para complementar recursos y acciones en
las áreas de planificación y desarrollo del Orinoco y afluentes, respetando la
división territorial del País.
Para ejecutar dicho convenio se creó una Junta del Orinoco,
integrada por cada uno de los Gobernadores de los Estados y territorios ya
mencionados, y por el ministro presidente de la CVG, con asistencia técnica de
los Ministerios del Ambiente, Transporte y Comunicaciones.
Finalmente se firmó la llamada “Declaración del Orinoco” que promueve un acuerdo de integración
cultural regional para poner en práctica políticas, planes y programas que
materialicen proyectos tendentes al estudio científico de la cultura, más allá
de los límites políticos y administrativos de cada entidad federal y de cada
organismo especializado.
Ahora,
después de dos decenios durante los cuales nada se ha hecho y el asunto está
más que en punto de olvido, los guayaneses piden una explicación pública previa
a quienes de alguna manera la mayoría del pueblo favoreció para que haya
continuidad en la ejecución de los
proyectos promisorio y progresistas y especialmente para que sobre ese
principio de derecho administrativo funcionen los Poderes del Estado. Es triste
y lamentable que en el curso de los dos últimos quinquenios, los bolivarenses
en particular y los guayaneses en general, no haya tenido explicación sobre los
resultados de aquellos Convenios del 90.
La
interrogante que aguijonea a muchos de
los que presenciaron o participaron de alguna manera en aquel acto público
realizado en el auditorio del edificio de la CVG, es la de por qué se apagó ese
impulso de integración en torno al río.
¿Qué paso? ¿Acaso una pared muy alta imposible de escalar? Si eso
ha sido así, que lo digan y si no, que también lo digan, pues no se debe estar
enunciando, anunciando y publicitando proyectos que después de un gasto
millonario y consumo de horas útiles que paga el sudor del pueblo,
resultan meros globos de ensayo.
Este convenio, probablemente, tuvo como punto de partida el
trabajo de investigación que a través de Rafael de León y Alberto Rodríguez
Díaz realizó la Corporación
Venezolana de Guayana conjuntamente con el Ministerio de
Obras Públicas, publicado en 1976 bajo el título de “El Orinoco, aprovechado y recorrido”.
Dicho trabajo abarca investigaciones sobre el hombre en la
cuenca del Orinoco, rutas para el desarrollo de Venezuela, rutas suramericanas
de navegación interior, recursos de la cuenca del Orinoco, el desarrollo
industrial de Ciudad Guayana y finaliza con un conjunto de ideas y proyectos
para el desarrollo y aprovechamiento de las Cuencas del Orinoco, Río Negro y Cuyuní.
En síntesis, el trabajo destaca la importancia y
trascendencia que tuvo la comunicación fluvial para derivar de su consideración
orientaciones tendientes al aprovechamiento, consolidación e incorporación efectiva de los dilatados
territorios del Sur, surcados por nuestros principales ríos y aún en buena
parte inexplorados.
Nunca serán suficientes las expresiones de gratitud a este ñero-guayanés por sus estudios,recopilaciones, trabajos, investigaciones, desvelos, ejercicio periodístico y acción gremial, en beneficio nuestra gran región. Dios le bendiga por su ejemplar amor a Guayana.
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