FRANKLIN BRITO MURIÓ PROTESTANDO POR LA EXPROPIACIÓN DE SUS TIERRAS

Esta es la historia publicada por El Universal, de una injusticia de las tantas muchas demasiadas que los burócratas del Instituto Nacional de Tierras - INTI a diario cometen contra los productores del campo venezolano. Lo único que tiene de particular es al hombre, al productor, al ciudadano afectado, dispuesto a morir de hambre cívicamente en la lucha por sus derechos. Por ahora es Franklin Brito solo contra el INTI. Leamos: (AF)

"El primero de agosto Franklin Brito se puso en huelga de hambre ante el Tribunal Supremo. Es la quinta vez que lo hace reclamando justicia desde que cuatro años atrás lo despojaron de sus tierras.

Su primera huelga de hambre la inició el 24 de noviembre de 2004 en la Plaza Miranda cuando entendió que sólo le quedaba presionar así para poder recuperar las tierras que ocupaba en el asentamiento campesino La Tigrera, en la parroquia Guarataro del Municipio Sucre del Estado Bolívar, a las que dejó de tener acceso en 2003 como consecuencia de cartas agrarias entregadas a vecinos de la zona y reclamaba, además, el pago de un año de salarios represados de manera arbitraria: él y su esposa eran docentes en institutos educativos de Guarataro.

De allí salió el 3 de diciembre con el compromiso de una comisión enviada desde Miraflores.

El 7 de julio de 2005, cansado de esperar el cumplimiento de esas promesas, volvió a la plaza caraqueña pero con actitud más radical: se cosió la boca para reafirmar su intención. Pero pasó el tiempo y nada. Así que el 10 de noviembre, en un acto de enorme impacto, decidió amputarse el dedo meñique de la mano izquierda ante las cámaras de televisión y amenazó con cortarse un dedo cada semana hasta que el Presidente Chávez diera la orden de investigar sus reclamos.

El 15 de ese mes, el entonces ministro del Interior, Jesse Chacón le comunicó que el Ministerio de Educación reconocía la deuda laboral (les pagaron poco más de 13 millones de bolívares el 1 de diciembre) y que el Inti reconocía la propiedad de su fundo La Iguaraya y le expedía una constancia de registro agrario -aunque ya la tenía- y se comprometían a pagarle los daños a sus cultivos (lo hicieron pero a través del despacho de Chacón, con 70 millones en efectivo y sin constancia) y a desalojar al ocupante de sus tierras. Esto último, no se cumplió.

Y volvió a la huelga el 24 de noviembre de 2006. De la plaza salió el 13 de diciembre luego de formalizar un acuerdo con el Inti en el que le ofrecían arreglar todo pero a cambio de que firmara un documento en el que decía que las cartas agrarias nunca habían afectado sus tierras y que su fundo jamás había sido invadido, cosa que no aceptó. El 25 de agosto del año pasado ya había intentado un recurso de amparo que fue declarado inadmisible por un juzgado de Monagas, por lo que intentó un nuevo amparo por violación al debido proceso, al derecho a la defensa y al acceso a la justicia ante la Sala Constitucional del TSJ. La cuarta huelga fue entonces para pedir celeridad ante las puertas del TSJ. "El 7 de marzo (2007) me dijeron que responderme les tomaría como dos años. Me puse en huelga a las 11 de la mañana y a las 5 me entregaron la sentencia rechazando mi amparo pero haciendo un exhorto al Inti para que resolviera la situación. Eso era para que me fuera de aquí. Pero el presidente del Inti, Juan Carlos Loyo, firmó otro acuerdo conmigo".

La quinta huelga es ésta: "El Inti no cumplió y la decisión del TSJ además de arbitraria e inconstitucional, es de carácter delictivo porque el ponente, Pedro Rondón Haaz, falseó o modificó mis argumentos y pasa por encima de una cosa elemental: el debido proceso y la defensa son derechos humanos y sus violaciones no prescriben".

Por eso está nuevamente tendido frente al TSJ: "Aquí se cometió una de las mayores aberraciones con mi caso". ¿Y qué es lo que quiere si ya el INTI le ha dicho que puede ocupar sus tierras y hasta le han ofrecido créditos para sembrar? "Sí, pero el acceso a mi fundo sigue cerrado y el ocupante, a quien le dieron la carta agraria, sigue metiendo su ganado en mis tierras".

Brito, nacido en Irapa (Sucre) el 5 de septiembre de 1960, estudió Biología en la UCV. Sólo le faltó la tesis para completar la carrera. Trabajando con su suegro en una finca descubrió su vocación de agricultor y en 1994, convencido de las bondades de la tierra en Bolívar, invirtió sus ahorros en ese lote de 290 hectáreas, de las cuales podría aprovechar para cultivo unas 80.

Pensar que Brito es un loco es simplificar demasiado las cosas. Cuando habla de agricultura y de la biología aplicada a las siembras, suena tan convivente como cuando se transfigura en abogado y explica con solvencia todos los recovecos de su caso. Y no puede evitar indignarse porque esta tragedia empezó por una disputa absurda. Cuenta que para 1999 ese sector de Bolívar producía 42 de los 66 millones de kilos de ñame que se consumen en el país. "Era una potencia".

Ese año los cultivos fueron atacados por una plaga que llevó al pueblo a la ruina. Brito se dedicó a investigar hasta que, con apoyo institucional, logró identificar al hongo causante de la desgracia. Propuso un proyecto de utilización de semillas de una variedad resistente que se enfrentó a la propuesta del alcalde Juan Carlos Figarella, de atacar el problema con químicos que sería financiada con 800 millones aportados por la CVG. Los organismos que estudiaron el caso avalaron los argumentos de Brito, la CVG retiró su apoyo y es ahí -asegura- que se inició todo.

Primero, en 2001, lo despidieron del instituto agrícola municipal donde trabajaba como asesor, les suspendieron los sueldos que tenían como educadores y los despidieron. Y el 28 de mayo de 2003 encontró que el paso a su fundo estaba cerrado y sólo tiempo después se enteró que una carta agraria entregada a sus vecinos Rafael D' Amico y Concepción Antoima vulneraba sus derechos y su propiedad. Lo que pide Brito es formalidad: que el INTI haga los procedimientos para demostrar en firme si las cartas agrarias afectaron o no parte de sus tierras, si hubo invasión o no, si reconocen sus terrenos o no y que la Fiscalía investigue la reciente decisión del TSJ que le negó el amparo. "El INTI no quiere aceptar que perjudicaron a una familia humilde para complacer los caprichos de un alcalde. Aquí estaré hasta que me solucionen todo y se corrija el error que cometieron en el INTI. Hay que ofrecer resistencia a estos abusos, así ayudo más a mis hijos que rindiéndome. Este es un asunto de dignidad".

Ref. Oscar Medina. Dispuesto a todo. EL UNIVERSAL. Expediente. Domingo 2 de septiembre de 2009.