jueves, 4 de junio de 2015

Regulada la libertad de expresión

El ex fiscal general de la República Javier Elechiguerra, estuvo en junio de 2001 de visita en Guayana para un foro sobre el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y habló acerca del fallo del Tribunal Supremo de Justicia regulando la libertad de expresión y de opinión, y excluyendo a periodistas y articulistas del derecho a réplica. Elechiguerra señaló que es una barbaridad jurídica que no soporta el más leve análisis. “Una de las mejores cosas que ha pasado en Venezuela es la existencia de la autonomía de los medios de comunicación”, señaló antes de advertir que “después de una decisión como ésta no hay más que pensar sino acudir a los organismos internacionales para que le digan al TSJ que él está para imponer el orden y la justicia y no para dictar medidas acomodaticias”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
El 29 establece que “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Sobre la Regulación de la libertad de expresión el Certal ha dicho que “la tecnología ha cambiado los paradigmas de los medios de comunicación, han surgido nuevas plataformas de comunicación y los usuarios acceden a los contenidos y la información en distintos dispositivos creando nuevos hábitos de consumo. Esta idiosincrasia plantea retos en materia de coordinación entre la privacidad y la libertad de expresión y en relación al alcance de las normas que regulan el mercado de las telecomunicaciones. El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información en América Latina (Certal) ha analizado la trascendencia y el alcance de estos desafíos en la región a lo largo de dos jornadas que se han desarrollado en el Capitolio de Estados Unidos y en la que han participado congresistas y senadores de diferentes ideologías del continente y responsables de medios de comunicación y de la industria.
Los participantes que han intervenido han coincidido en la amenaza que para la libertad de expresión suponen las distintas regulaciones de las telecomunicaciones que se han aprobado en los últimos años en América Latina, en concreto, las de Venezuela, Argentina y Ecuador. “Son legislaciones que responden a la misma matriz, a la misma filosofía, aunque tienen intensidades e intencionalidades políticas distintas”, ha señalado Luis Pardo, ex presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión y presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile.
Pardo ha insistido en la importancia de que esas regulaciones protejan de manera esencial la libertad de expresión y se ajusten a los principios internacionales recogidos en la Carta de Derechos de la OEA y en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión, y ha alertado sobre una corriente legislativa que “establece mecanismos burdos y sofisticados que conculcan la libertad de prensa generando espacios de discrecionalidad en los que queda en manos del organismo regulador cómo y a qué medios castigar”.
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