Esto ocurrió en el momento en que el Gobierno nacional tenía listo el decreto para la intervención de Elebol. Su presidente el ingeniero Alberto Manzini y todos los accionistas aceptaron la oferta de compra, por lo que se procedió a cerrar la operación.
Cerrado el negocio, la asamblea general de accionistas se instaló y nombró nueva Junta Directiva presidida por Simeón García y en calidad de vicepresidente, Alberto Manzini, representante de los accionistas junto con Carlos Gruss. La integraron además por Assa Holding, grupo comprador; el doctor Julián Villalba, la doctora Migdalia García y el doctor Juan Cogorno Acosta, abogado valenciano asesor de la empresa compradora.
Completaban la Junta Directiva, Hermágoras Aguiar, en calidad de presidente ejecutivo y Víctor Casado como vicepresidente ejecutivo, quienes pasaron a soportar todo el peso administrativo de la empresa.
La presencia del ingeniero Alberto Manzini en el nuevo status de Elebol, obedecía a que Assa Holding, no había pasado a ser propietaria absoluta de la mayoría de las acciones. La adquisición de ella quedaba sujeta a la solución del problema de la deuda con Cadafe y se restablezcan los niveles económicos que debe tener la empresa al suprimirse las sustracciones ilegales y equilibrarse el desbalance tarifario.
Hermágoras Aguiar se encargó, conjuntamente con Simeón García y Julián Villalba de las negociaciones con el Ejecutivo nacional en todos los ámbitos: Ministerio de Energía y Minas, autoridad rectora de la macro-política; Cadafe, como el mayor acreedor; Fundelec, que es el organismo de la regulación en materia tarifaría económica de todas las empresas eléctricas, y, con un autor muy fundamental, el Fondo de Inversiones de Venezuela, que por ser propietario del 84% de las acciones de Cadafe, evidentemente tiene intereses económicos en la solución de este asunto.
Luego de este año de conversaciones, la Junta Directiva, logró finalmente un acuerdo para reestructurar la deuda que ascendía a 42.000.000.000,00 de bolívares y cancelarla en dos partes, en el lapso de dos años. Mientras tanto, la directiva continuó trabajando en el aspecto tarifario que es lo que le iba a dar un margen económico a esta empresa para que pudiera seguir adelante.
Si estas dos cosas no se resolvían a mediano plazo, era imposible que Ciudad Bolívar contara con un servicio eléctrico confiable. Solamente en el estado Bolívar, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno Nacional y de la Cámara de la Industria Eléctrica, se requería de unos 400.000.000,00 de dólares para restituir el servicio a los niveles a como han debido estar hacía 6 o 7 años. Luego de esto, Ciudad Bolívar demandaba por parte de Elebol, en los próximos tres años, inversiones calculadas a precio de 1999, en el orden de los 12 a los 13.000.000.000,00 de bolívares para poner el servicio como ha debido estar hacía 8 o 10 años, porque esta empresa tuvo más de una década de desinversión y de mantenimiento.
La única manera de que a Ciudad Bolívar lleguen industrias es que tenga un servicio confiable de electricidad a la par que deben corregirse o resolver otros problemas, pues muchas industrias han dejado de establecerse en las zonas debido a la avidez de las autoridades municipales en cuanto a impuestos se refiere, debido también a la falta de planificación urbana tomando en cuenta la capacidad de los servicio y por una limitante que impide a Ciudad Bolívar crecer hacia el Este. Ciudad Bolívar debería estar creciendo hacia Puerto Ordaz, pero se lo impide una limitante, cual es el fuerte Cayaurima ocupando terrenos equivalentes a la mitad del Municipio Heres.
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