En este programa quedaba involucrado el aumento de los precios internos de los diferentes tipos de gasolina y la libre flotación de las tasas de interés.
El presidente suspendió el control de cambios y decretó un bloque de medidas sociales que abarcaban subsidio al transporte público y pasaje estudiantil, ingresos más justos al 70 por ciento de los trabajadores del país más duplicación de la beca alimentaria y de las pensiones.
El doctor Miguel Rodríguez, ex ministro de Planificación, al criticar las medidas de Caldera, pronosticó que el dólar costaría 600 bolívares antes de fin de año. Pronosticó, igualmente, nuevos aumentos en los precios de la gasolina, para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Por último anunció premonitoriamente que el país cerraría el año con una inflación del 100 por ciento y una contracción del 5 por ciento en el sector no petrolero de la economía en 1996.
No fue tanto así, pues al término del período quinquenal presidencial se hizo una evaluación objetiva resultando que las medidas económicas del segundo Gobierno de Rafael Caldera, cuya cabeza visible fue el ministro Teodoro Petkoff, determinó que en la primera fase del ajuste, la devaluación del tipo de cambio implicaba la posibilidad de una recuperación de las exportaciones no petroleras, resultando en un equilibrio del sector externo de la economía. Pero, dado que una parte importante de los ingresos fiscales son en dólares, que en Venezuela los recibe el Estado en su inmensa mayoría, la devaluación provocó una redistribución de los recursos entre el sector privado y el público, fortaleciendo al segundo, en detrimento del primero.
Las fallas estructurales para recortar el gasto público junto con las dificultades para controlar la liquidez, hicieron que el gobierno basase sus expectativas para atenuar la inflación, en la fortaleza de la moneda nacional, el bolívar. El Banco Central de Venezuela intervino activamente en el control de este aspecto (política de crawling peg o fluctuación entre bandas), manteniendo su valor estable. El costo de esta política fue la contracción del sector productivo no petrolero y no vinculado al petróleo. Venezuela sufrió un fuerte proceso de desindustrialización a finales de la década de 1990.
Los programas sociales compensatorios o paliativos de la pobreza fueron implementados como parte de la propia Agenda (el más mencionado fue el subsidio estudiantil) para evitar un estallido social, como sucedió con el programa de Pérez y el Caracazo. No obstante, lo errático y tardío en la aplicación de esta serie de medidas, junto con su repentina interrupción y falta de continuidad impidió observar los resultados esperados por Petkoff y su equipo económico. Ello perjudicó la percepción colectiva del desempeño del país, propiciando el triunfo electoral de Hugo Chávez -uno de sus más ardientes críticos- en 1998.
Un balance del gobierno de Chávez determinó buenos resultados en lo social y marcadas debilidades en materia productiva. Mientras que fueron incorporados a muchos de los llamados excluidos, se diversificaron las relaciones tecnológicas y comerciales, y se estableció un mayor control nacional de la esfera económica, no se pudo lograr incrementar la producción a pesar de las ganancias petroleras y se avanzó lentamente en la institucionalización. Juzgada por las normas liberales, la democracia venezolana resultó deficiente en varios aspectos básicos, pero en términos de los criterios asociados con la “democracia radical se destacó notablemente.
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