Declaración de Macagua

El 18 de mayo de 1996 en materia de defensa del medio ambiente, se produjo la “Declaración de Macagua”, que suscribieron en Ciudad Guayana los ministros del Ambiente de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Brasil y Venezuela, como conclusión de las Primeras Jornadas de Trabajo sobre valoración económica de los recursos naturales renovables. La convocatoria de este importante encuentro la hizo el ministro del Ambiente de Venezuela, Roberto Pérez Lecuna, con la finalidad de lograr cooperación entre los países de centro y sur América. Al siguiente día, el presidente de la República, Rafael Caldera, viajó a la capital de uno de los países participantes en el encuentro de Macagua, Brasil, para reunirse con su homólogo Fernando Enrique Cardoso a objeto de fortalecer las relaciones económicas entre los dos países. El presidente Caldera igualmente visitó Manaos y Boa Vista, desde donde regresó a Caracas. Los presidentes conversaron sobre acuerdos de cooperación en el área energética, referidos a la instalación de una refinería de petróleo venezolano en el nordeste brasileño, la explotación conjunta de yacimientos de gas natural en ambos países y sobre la interconexión eléctrica Guri-Boa Vista-Manaos. Como consecuencia de la Declaración de Macagua se realizó el 4 de junio un Seminario Ambiental en Ciudad Guyana que acordó crear el comité promotor de una Fundación de Vigilancia Ambiental de Guayana. Aquí se planteó realizar este Seminario cada dos años rotando su sede en los estados que conforman la Región Guayana. Asimismo, incluir como tema permanente la educación, la salud, la situación ambiental y la indígena. El profesor de la UCV Alexander Luzardo Navas, a propósito del tema del ambiente en la Agenda Venezuela, dada a conocer por el entonces presidente de la República, Rafael Caldera, publicó un análisis de la ausencia de la dimensión ambiental en esa agenda que calificó como un problema sumamente grave en un país como Venezuela que posee 15% de su territorio protegido como Parques Nacionales y aproximadamente 33% en áreas bajo régimen de administración especial. El especialista abordó el tema de los impactos ambientales, socioculturales y étnicos como consecuencia de la aplicación en Venezuela de un modelo de desarrollo que regresa y refuerza la extracción minera y petrolera, pero que no toma en consideración los estudios y recomendaciones del Banco Mundial en su Informe sobre ambiente y desarrollo y, menos aún, los compromisos adquiridos en la Declaración de Río de Janeiro del año 1992 y la Agenda 21. Venezuela -según el autor de este estudio- se encuentra muy lejos de las nuevas exigencias del propio mercado internacional en materia ambiental y presenta un modelo de desarrollo económico de extractivo clásico semejante al que predominó en la ex-Unión Soviética con sus secuelas de destrucción ecológica. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, la comunidad internacional abordó el reto de articular un modelo de desarrollo global que, sin restar independencia a las decisiones nacionales, fuera capaz de trazar parámetros comunes para asegurar, conjuntamente con el desarrollo económico, el bienestar social y ambiental de la humanidad. Durante ese foro, se planteó el desarrollo sustentable como la única estrategia a seguir para asegurar un desarrollo ambientalmente adecuado y de largo plazo. México adoptó medidas para avanzar hacia una sociedad sustentable, las mismas que se tradujeron en el desarrollo de instituciones ambientales y en la modernización de la gestión ambiental. También se iniciaron cambios en los esquemas de aprovechamiento de recursos naturales para que su desempeño fuera acorde con el medio ambiente. Sin embargo, los logros alcanzados resultaron modestos comparados con los retos que ha enfrentado la sociedad mexicana en las últimas décadas (AF)