El Zar del Oro

Detenido e incomunicado en la Disip se encontraba en septiembre de 1985, Amalfi Grossi Gatti, conocido como el zar del oro en Guayana, propietario de ricas concesiones mineras en las zonas de Las Claritas, kilómetro 88, Municipio El Dorado, del Estado Bolívar.

         También estaban detenidos varios empleados de confianza del afortunado empresario. Entre ellos, Andrea Padovani, Antonio Fioretti, José Francisco Pinto y Alejandro Milano.

         La detención del zar del oro y de varios funcionarios de su confianza, se produjo luego que el Tribunal Militar de Ciudad Bolívar ordenó a un comando especial de la Disip la captura del empresario minero. Este último organismo procedió a realizar  allanamientos en la zona de Las Claritas y posteriormente los detenidos fueron trasladados hasta la ciudad capital.

         Amalfi Grossi era propietario de la empresa Onege, C. A., concesionaria de “Cristina Cinco”, la más grande concesión de oro ubicada en el kilómetro 88. Su sede en Ciudad Bolívar, situada en la avenida Germania, también fue allanada y por orden del Tribunal Militar cerrada momentáneamente.

         Desde hacía meses las autoridades civiles y militares venían haciendo  investigaciones en el  88, donde presuntamente se estaban lavando los dólares del narcotráfico y se cometían contrabando de armas de guerra y otros delitos.

         Por su parte, el presidente de la comisión de Minas de la Asamblea Legislativa, aseguró que la detención de Grossi ponía en evidencia lo que en muchas oportunidades le tocó denunciar, es decir, que existía anarquía y desorganización en el otorgamiento de concesiones mineras en la región del 88 que ameritaban una revisión total de las concesiones porque en el caso Grossi no se trataba de que fuese solamente concesionario, sino arrendatario de concesiones otorgadas por el Estado a otras personas. Las concesiones auríferas que manejaba el zar del oro producían mensualmente más dividendos que Minerven, la empresa del Estado que procesa el oro de El Callao.

         Posteriormente, el Gobierno entregó las concesiones a las empresas canadienses “Crystalex, Gold Reseerve  y Rusoro, pero luego sus proyectos auríferos fueron revocados dando lugar a una demanda por 6.000 millones de dólares.

         “Vanessa Ventures”, conocida actualmente como “Infinito Gold”, también empresa canadiense, fue la prevenida, pero tampoco tuvo éxito su proyecto y fue revocado por el Presidente Hugo Chávez para entregar a China  las que se consideran una de las minas de oro más ricas del mundo.

         Esta última empresa canadiense calificó la media  del Gobierno como una expropiación y demando ante el Banco Mundial, pero el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de ese banco que había aceptado la demanda en el 2004 por 1.045 millones de dólares, determinó el 17 de enero de 2013 que Venezuela no violó el Tratado Bilateral de Inversión entre Venezuela y Canadá.

Las Cristinas, al sureste del Estado Bolívar, tiene unas 17 millones de onzas de reservas estimadas, pero por diversas trabas nunca ha sido explotada industrialmente.

A mediados del 2011 Venezuela nacionalizó la industria aurífera y ordenó a las empresas privadas conformar firmas mixtas en las que el Estado debe tener la mayoría accionaria. La norma, además, incrementó las regalías y prohibió la exportación del metal.

El Gobierno aseguró que la medida permitiría elevar sus reservas internacionales de oro pero, en la práctica, alejó a los inversores de las enormes reservas venezolanas.

Venezuela es aún un jugador menor en la industria debido a años de trabas legales que han impedido a firmas extranjeras explotar a gran escala el recurso.

La producción formal de oro en el país ronda las seis toneladas anuales mientras que la informal es del doble.