lunes, 9 de marzo de 2015

Las Reservas de Imataca



El 14 de mayo de 1997, el Ejecutivo Nacional decretó el “Plan de Ordenamiento de la Reserva de Imataca”, que establece las bases para armonizar el desarrollo del inmenso potencial minero del país con la necesidad fundamental de proteger el ambiente y el uso racional de los recursos naturales.
“Imataca” que en lengua primitiva significa lugar donde nacen las aguas, está sometida a régimen de administración especial y según consta en el libro “Imataca, tierra dorada siempre verde” de José Herrero Noguerol, Guillermo Tinoco Mejía y Ana Rosa Fernández Añez, tiene extensos bosques húmedos tropicales, importante ríos, riachuelos, quebradas, rabines, caídas de agua, bellezas escénicas naturales, megadiversidad fáunica que ofrecen la posibilidad de combinar los ideales de conservación, crecimiento y desarrollo.
Para los autores de ese libro, editado por la Fundación Geominas de la Universidad de Oriente, el Ecoturismo constituye una alternativa viable y sustentable en lo económico, social y ambiental, de lo cual, particularmente los pobladores locales y comunidades nativas podrán obtener importantes beneficios. Citan a manera de ejemplo, la demanda de artesanía típica, de servicios de alta especialización que requieren los guías de la selva, entre otros, siempre con una interacción y comprensión de los sistemas y subsistemas ecológicos, zonas de vida y especies de atracción e interés a los visitantes, nacionales y foráneos que escojan a Imataca como destino ecoturístico.
Imataca se extiende hasta Delta Amacuro y la zona en reclamación con elevaciones por encima de los 600 metros, potencialmente rica en oro y con un gran cinturón de rocas verdes además de su riqueza forestal.
El mencionado libro exhibe un prólogo científico del doctor Leandro Aristiguieta, quien señala que las Reservas Forestales del País tienen su asiento en inmensas áreas boscosas naturales, caracterizadas por su gran riqueza de flora y fauna, propias del trópico americano. El objetivo fundamental de dichas Reservas, está orientado esencialmente a satisfacer la demanda de la industria maderera, mediante la aplicación del manejo sustentable del bosque. Esto involucra una utilización a largo plazo, por medio del cual se extraen árboles maduros previamente seleccionados, dejándose el sector de área explotada para que se recupere naturalmente y ayudada también por técnicas silviculturales, dirigidas al enriquecimiento con árboles valiosos para la industria maderera. Este plan de manejo forestal requiere de periodos de inactividad en el área alterada, para permitirle su recuperación en el transcurso de los años.
Los planes de manejo resumidos anteriormente, tropiezan con muchos obstáculos y desviaciones, por la participación de intereses diversos, que inciden y entorpecen el cumplimiento de los principios establecidos en el manejo forestal. Por otra parte, es bueno expresar en forma clara y precisa, que la extracción selectiva de árboles maderables de la Reservas Forestales es una actividad que interfiere en forma drástica y evidente con la biodiversidad del bosque original. La tendencia y finalidad última del manejo sustentable de las Reservas Forestales, puestas al servicio de la industria maderera, es a largo alcance la transformación del dispendioso y heterogéneo bosque tropical, en formaciones o conjuntos homogéneos, dirigidos silviculturalmente hacia el establecimiento de bosques comerciales de alta productividad para la industria maderera. La totalidad culminante de este plan extermina o empobrece la biodiversidad original del ecosistema natural.
El bosque ha sido considerado tradicionalmente y en todas las civilizaciones del mundo, como un gran tesoro: encierra árboles valiosos, plantas medicinales y de usos industriales, abundante fauna para la alimentación humana y grandes recursos hídricos y edáficos, acumulados a lo largo del reciclaje milenario establecido por la naturaleza. La existencia de estos tesoros aumenta extraordinariamente con la presencia de minerales de importancia económica. Todos estos elementos constituyen presiones socioeconómicas, que van a perturbar y en muchos casos impedir, el llamado manejo sustentable de las Reservas Forestales, puestas al servicio de la explotación maderera para satisfacer las demandas de las industrias del ramo.

viernes, 6 de marzo de 2015

Privatización de SIDOR


El 12 de diciembre de 1997, fue aprobada por el Congreso Nacional la reforma a la Ley de Privatización, la cual consagra protección del empleo y enfermos profesionales. También orienta los ingresos provenientes de la privatización.
Apegado a la normativa de esta reforma, el FIV privatizó a la Siderúrgica del Orinoco y le fijó un precio de 1.533 millones de dólares. Para la venta en subasta calificados 5 Consorcios. Sutiss, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la Planta, estuvo de acuerdo con la privatización, pero no así con el precio base fijado para la misma.
El presidente del sindicato, Ramón Machuca, dijo que se estaba vendiendo a precio de gallina flaca. El ex presidente Carlos Andrés Pérez, por su parte, manifestó que su venta significaba traición a los intereses de Venezuela y que en vez de favorecer, frenaría el desarrollo. Posición similar sostuvo el ex presidente Jaime Lusinchi, quien el mismo día de la subasta, 18 de diciembre, pidió al presidente Rafael Caldera posponer la privatización por considerarla inconstitucional.
Jaime Lusinchi expresó que el precio de Sidor no se correspondía siquiera con la décima parte del valor real de las instalaciones, magnitud de sus terrenos, facilidades portuarias, situación geográfica, la cercanía del mineral básico y suministro eléctrico.
La subasta realizada el día 18, arrojó como resultado la venta del 70 por ciento de Sidor por 2.031.733.100,62 dólares. Los nuevos dueños: Consorcio Amazonas conformado por las empresas Siderar de Argentina, Usiminas de Brasil, Tamsa de México y Sivensa de Venezuela. El Consorcio Amazonia recibió la Planta con una nómina de 10.741 trabajadores y al poco tiempo la redujo a 5.400. El ejercicio económico de este consorcio de empresas latinoamericanas duró un poco más de 10 años atormentado por numerables conflictos.
El 9 de abril de 2008, el presidente Hugo Chávez decidió estatizar Sidor debido al largo conflicto sindical que paralizaba la empresa, desde hacía 15 meses. Entonces, el Gobierno nacional nombró al Dr. Rodolfo Sanz, Ministro de Empresas Básicas, como presidente del Consejo Directivo y al Dr. Miguel Antonio Álvarez Cádiz como presidente Ejecutivo de la Empresa.
En el 2009, tras la estatización de la compañía, se redujo su producción en un 36% (unas 137 mil toneladas de acero), dejándose de abastecer al mercado en insumos básicos como cabillas. El ejercicio arrojó pérdidas por el orden de unos 410 millones de dólares.
En 2010, la producción de acero líquido se redujo 41.4%, produciendo 1.8 millones de toneladas, siendo este el nivel más bajo desde 1978. En 2012, la producción de acero disminuyó, alcanzando 1.72 millones de toneladas, 63,7% de su meta de producción anual modificada de 2,7 millones de toneladas y continuando por debajo de los 4.3 millones de toneladas que se produjeron bajo la administración privada en el 2007, último año de la misma antes de la estatización. Para este año ya la nómina de trabajadores había aumentado a 15.690, una carga burocrática que coadyuvaba a su decadencia.
La decadencia productiva comenzó a ocurrir a partir del mes de agosto del 2011, cuando se logró desmantelar la mafia de las cabillas y desde allí alianza sindical y el sindicato de la construcción se la jugaron toda para sacar al ingeniero Carlos de Oliveira de la presidencia de Sidor en agosto del 2012.
Rafael Gil Barrios, fue designado presidente de la CVG y presidente de Sidor, pero no duró más de diez meses en presidencia.
Actualmente la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) opera al 25% de su capacidad instalada como resultado de la desinversión, déficit de insumos y repuestos, el aumento de la nómina y conflictos laborales y aumento de los precios de los productos acabados.

miércoles, 4 de marzo de 2015

PIAR AL PANTEÓN NACIONAL

El 8 de mayo de 1997, el Senado de la República, a proposición del parlamentario Leopoldo Sucre Figarella, concedió los honores del Panteón Nacional al General en Jefe, prócer de la Independencia y Libertador de Guayana, Manuel Piar. Pero dado el extravío de los restos, acordó entonces el Senado honrarlo al igual que a Sucre y Miranda, con un cenotafio o, por razones de espacio, con una lápida que tendría grabado el perfil del prócer y un epitafio digno de su gloria. Debemos añadir que cuando el presidente de la República, Antonio Guzmán Blanco, inauguró el Panteón Nacional, incluyó los restos del General Piar entre los de los próceres que debían ser transferidos inmediatamente, pero éstos nunca fueron hallados no obstante las exploraciones y arqueos de los sitios probables. El historiador Bartolomé Tavera Acosta dice en sus Anales de Guayana que fueron inhumados en el cementerio del Cardonal. El Cardonal era un sitio cercado con “Cardón España” donde sepultaban a los desvalidos y que al final quedó prácticamente arropado por el cementerio actual. También allí enterraron los restos de Manuel Palacio Fajardo, pero cuando una comisión del Congreso y del Ejecutivo nacional vino por ellos, no aparecieron en el monumento que en el cementerio se conserva. La explicación que dio para entonces el doctor Eduardo Jhan M. médico y arqueólogo, quien participó en las excavaciones, es que nuestra tierra es demasiado ácida y húmeda, dos elementos disolventes de los huesos, lo que significa que los restos de Piar estarían más que confundidos con la tierra. El acta de la ejecución del General Manuel Piar, levantada en la Plaza Mayor de Angostura dice lo siguiente: “En la plaza de Angostura, a 16 de octubre de 1917. -7º. -Yo el infrascrito Secretario, doy fe que en virtud de la sentencia de ser pasado por las armas, dada por el Consejo de Guerra, S. E. el Gral. Manuel Piar, y aprobada por S. E. el Jefe Supremo, se le condujo en buena custodia dicho día a la plaza de esta ciudad, en donde se hallaba el señor general Carlos Soublette, Juez Fiscal, de este proceso, y estaban formadas las tropas para la ejecución de la sentencia, y habiéndose publicado el bando por el señor Juez Fiscal, según previenen las ordenanzas, puesto el reo de rodillas delante de la bandera y leídosele por mí la sentencia en alta voz, se pasó por las armas a dicho señor General Manuel Piar, en cumplimiento de ella, a las 5 de la tarde del referido día; delante de cuyo cadáver desfilaron en columna las tropas que se hallaban presentes, y llevaron luego a enterrar al cementerio de esta ciudad donde queda enterrado; y para que conste por diligencia lo firmó dicho señor con el presente Secretario. -Carlos Soublette. -Ante mí, J. Ignacio Pulido, Secretario. Allí en la Plaza Mayor de Angostura sobre la tierra húmeda y musgosa de la tarde quedó tendido con todas sus cualidades y defectos el Héroe de Chirica, tal como lo describió después su oficial de guardia: de regular estatura, ojos azules, barbilampiño, tez rosada, imaginación e ingenio vivos. Valiente y emprendedor, poco aplicado a la disciplina militar. Fuerte en sus opiniones, en las que siempre quería prevalecer. Los transportes de su genio le hacían frecuentemente reprender con acrimonia, pero fácil luego en apaciguarse, llegando a veces hasta pedir perdón al subalterno a quien creyó ofender. Sincero, afable y cortés en sus modales. Solía entretenerse con algunas obras de historia. Era afortunado a la par que valiente y sólo una vez fue derrotado.(AF)

martes, 3 de marzo de 2015

La muerte de Doña Mercedes



El 17 de enero de 1997, la prensa registró la muerte de Doña Mercedes Febres Alcalá de Natera, a la edad de 95 años. Matrona ejemplar, viuda de Brígido Natera Ricci, magistrado, docente y fundador del diario El Bolivarense.
Doña Mercedes como era conocida por los citadinos bolivarenses, destacó en su juventud como soprano lírica, actuó en el Teatro Bolívar y en varias iglesias de Caracas.
Cursó francés e italiano a la edad de doce años con el doctor Miguel Emilio Palacios, lo cual le sirvió de mucho en el estudio de canto, pues su repertorio de 30 composiciones, la mayoría ópera, como los dramas La Tosta y Madam Beauterflay de Puccini, había que interpretarlos en italiano o francés. Otras como el Ave María y el Tantunergo, tenía que ser en latín. A los 18 años de edad incursionó en la poesía, animada por el historiador Bartolomé Tavera Acosta, a quien su padre le mostraba sus escritos.
Doña Mercedes, no obstante su avanzada edad, fraseaba la palabra con admirable soltura, tal como lo hacía escribiendo. Escribir. Jamás dejó de hacerlo en sus largos años. Manejaba la prosa y la poesía apegada a una tradición cultural que era la más depurada de su tiempo. Nada ostentosa y de una bondad exquisita. Firmaba sus artículos publicados en los periódicos de la familia con el nombre de la primera letra de su nombre “Eme”.
Su nombre completo era Mercedes Febres Alcalá de Natera. Febres por su padre José Jesús Febres Cordero; Alcalá, por su madre doña Emilia Alcalá Betancourt, y Natera, porque se casó con don Brígido Natera Ricci.
José Jesús Febres Cordero era hermano de Tulio Febres Cordero, escritor e historiador merideño, autor de varias obras, entre ellas, Estudio sobre etnografía americana y Don Quijote en América.
Brígido Natera Ricci también era Alcalá por parte de su madre María Luisa Grillet Alcalá, casada con el doctor Luis Antonio Natera Ricci. Ambos apellidos, Natera y Alcalá, son de origen cumanés, pero el Alcalá está probado históricamente que es el más antiguo de Guayana.
Data desde los tiempos de Diego Fernández de Serpa, fundador de Cumaná en 1569. De aquí se extendió por Guayana a través de doña Isabel de Alcalá, Juan Jiménez Alcalá y Jacinto Alcalá, quienes en 1618 pelearon al lado del gobernador Diego Palomeque de Acuña en defensa de Santo Tomás de la Guayana, atacada por una avanzada de la expedición de Sir Walter Raleigh.
Al tronco de los Alcalá cumaneses perteneció María Manuela de Alcalá, madre del Mariscal Antonio José de Sucre y el prócer José Gabriel Alcalá, firmante del Acta de la Independencia del 5 de julio de 1811 y miembro del Congreso Constituyente de la Gran Colombia.
Radicado en Angostura junto con sus hijos Francisco y Javier, se casó el 28 de diciembre en segundas nupcias con Basilia Espinosa dando él y sus hijos una frondosa, entrelazada y bien ramificada descendencia en la cual se encuentra no sólo María Luisa Grillet Alcalá, esposa del Dr. Luis Natera Ricci, sino Emilia Alcalá Betancourt (upatense) casada con Alfredo Alcalá, descendiente directo del prócer de la Independencia, José Gabriel Alcalá.
Doña Mercedes Febres Alcalá se casó en 1929 con Don Brígido Natera Ricci y de cuya unión nacieron Álvaro, abogado, Juez y editor y director del diario El Bolivarense, fundado por su padre; Berenice, quien fue vicepresidenta de la Línea Aeropostal Venezolana; David José, fundador y director del Correo del Caroní, de TVGuayana y varias radio-emisoras; Alfredo, ex director del desaparecido diario El Pueblo; Luis y Maby, administradores del Correo. Otros cuatro hijos del primer matrimonio de don Brígido Natera Ricci y que fueron igualmente criados por doña Mercedes son: Olga, Telma y los extintos, abogado y poeta Alejandro Natera Contreras y el ingeniero Brígido Natera Contreras, quien fue presidente de Petróleos de Venezuela.

lunes, 2 de marzo de 2015

Mirna Salamanquez

El once de octubre de 1997, la artista plástica Mirna Salamanqués inauguró la Sala de la Fundación Cultural Orinoco de la UDO con una exposición suya que dio a conocer como “La energía de los mapas de meditación”.
La artista caraqueña, entonces esposa del pintor guayanés Régulo Pérez, era directora de la Galería de Arte de la Universidad Central y había expuesto antes en la Casa de Cultura Carlos Raúl Villanueva.
Mirna Salamanqués expuso por primera vez en provincia, año 1968, en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar. En esa ocasión expuso 26 obras y vestía como una gitana. Vino acompañada de su madre y fue colmada de rosas y gladiolos por quienes la recibieron en el aeropuerto.
Sus cuadros fueron después a Puerto Ordaz y al Instituto Tecnológico de Anzoátegui. La temática de su pintura estaba inspirada en una fantasía de los hechos vertiginosos que se suceden en nuestra época. Parte de la exposición exhibía ciudades espaciales, astronautas y globos aerostáticos, producto de la impresión que tenía ella de los fenómenos de la incursión del hombre en el espacio.
La Galería de la UCV en colaboración con la CVG llevó luego para Ciudad Guayana una exposición de 40 cuadros pertenecientes a siete artistas representativos de la pintura venezolana: Jesús Soto, Alejandro Otero, Régulo Pérez, Humberto Jaime Sánchez, Alirio Rodríguez, Alirio Palacios, Carlos González Bogen y Mateo Manaure.
Mirna es egresada de la Escuela Cristóbal Rojas en 1967. Este mismo año coordinó la Galería Ángel Boscán y expuso, en la Galería Polo & Bot (Caracas), obras inspiradas en el libro Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Al año siguiente viajó a Francia, Austria, Bulgaria y Checoslovaquia como delegada de la Dirección de Cultura de la UCV. Entre 1962 y 1968 realizó obras con tinta china, pastel, acrílicos y pasta de modelaje para representar ciudades del futuro. En 1969 elaboró ensamblajes bidimensionales para los cuales utilizó juguetes plásticos, maquetas para armar carros, barcos y motos. Ese año fue becada por el Inciba y viajó a París, donde trabajó en el taller de Jesús Soto y estudió grabado en la Escuela Superior de Artes Decorativas con Yves Heude (1969-1970). Asimismo, el gobierno francés le otorgó una beca por un año (1970) y luego continuó estudios de arte mural (1972-1974) con el artista Rohner. Hacia 1970 aplicó a sus ensamblajes pintura en aerosol, creando sellos que expresan figuras mecánicas esfumadas sobre papel, tela y madera. “Los Ensamblajes son una especie de módulos que se usan con ayuda de pintura en envases de aerosol, para crear una pátina especial, y una presencia semi-fantasmagórica de las formas. El procedimiento permite unos logros muy efectivos: cuando se registra un mayor esfuerzo porque los módulos se integren con la pintura y el ensamblaje resulte un efecto, coherente” (Guevara, 1975). A partir de 1971 trabajó el relieve, realizado con juguetes adheridos a la madera que sumerge en una pasta blanca para simular fósiles. En 1972, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París adquirió su obra “Ensamblaje 333” (acrílico sobre tela, 120x120 cm) y en 1973 recibió el premio de pintura del Crous por su obra “Tissu mécanique”. En 1980 expuso en la Sala Cristóbal Rojas de la Embajada de Venezuela en París su serie “Los habitantes y el espacio”. A comienzos de 1982 realizó su primera obra integrada a la arquitectura en un restaurante caraqueño: 113 paneles de 3x1,2 m cada uno, conformados por bastidores forrados en tela de lino preparada y pintada a pistola con esmalte de aceite.
Una de las últimas exposiciones “Esencia y Materia” de Mirna tuvo como escenario la galería de Ángel Boscán”.

jueves, 26 de febrero de 2015

Las cenizas de Ricardo hoy al Orinoco


Hoy cuando cumpliría 80 años de vida, el Río Padre recibirá las cenizas de Ricardo D’Marco Espinoza, conocido bolivarense profesional del Derecho, juez, docente universitario y presidente que fue de la Asociación de Criadores de ganado y productores rurales del estado Bolívar durante cinco años.
Su viuda Saidia Alvares, nacida en Upata, abogada y juez de carrera, hoy jubilada, cumplirá la voluntad última de su marido, contraria a la tradición del túmulo funerario. El ritual de las cenizas humanas tan de costumbre hoy es antiguo y de origen mediterráneo. Aunque de madre venezolana, su padre, al fin, tenía esa procedencia. Es decir, el padre de Ricardo, fue Domenico D’Marco Magurno, italiano llegado a Ciudad Bolívar de once años de edad apenas. Aquí en la capital del Orinoco contrajo nupcias con Rosa Elena Espinoza, con quien tuvo diez hijos, Ricardo era el segundo de ellos y el que tuvo mayor figuración pública, destacó en su carrera.
Ricardo D’Marco Espinoza, nacido en Ciudad Bolívar el 26 de febrero de 1935 cuando ya agonizaba la longeva dictadura del gomecismo y se abría en Venezuela la perspectiva del sistema de la convivencia democrática, estudió en el primer Liceo de la ciudad, el Peñalver, del que sería más tarde por compensación su profesor de la cátedra de Historia de Venezuela al igual que lo fue en el Fermín Toro de Caracas.
Graduado en la UCV en agosto de 1961, fue jefe del servicio de negociaciones del Banco Obrero de Caracas para tres años luego continuar de retorno a su ciudad natal en ejercicio pleno de su profesión sin que le impidiera su carrera de docente durante 36 años en el Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente, específicamente en la cátedra de Legislación Minera-petrolera y Deontológica del ingeniero, además de consultor jurídico de la misma institución, como lo fue también de la VI División de Infantería de Selva y de la Gobernación del estado Bolívar.
Su tiempo le llegó a alcanzar para la actividad gremial que lo llevó a ser presidente del Colegio de Abogados y de su Tribunal Disciplinario. Conjuez de diversos Juzgados de primera instancia en lo Civil y Mercantil, juez encargado del Juzgado de primera instancia en lo penal.
Ricardo D’Marco tuvo destacada figuración como fundador junto con Raúl Villegas de la Asociación de criadores de ganado y productores rurales surgida a raíz del gran debate sobre la necesidad de mantener al estado Bolívar libre de la Fiebre Aftosa que estaba diezmando la ganadería en otros estados de Venezuela.
Bolívar era uno de los pocos estados de Venezuela libre de aftosa y los ganaderos deseaban que así se mantuviera por la salud y conservación de la propia ganadería. Pero otra corriente interna del gremio ganadero sostenía que era una postura nada favorable desde el punto de vista del desarrollo y economía ganaderos, pues permitía hacia afuera un fluido de cabezas superior al de ingreso por lo que era preferible convivir con aftosa manteniéndola a raya a fuerza de vacuna.
Ese año -1964- la nueva Asociación emergió con 170 ganaderos debidamente inscritos, pero de todas maneras la aftosa se metió a través de un contrabando de ganado por El Palmar. Raúl Villegas estuvo presidiéndola por el lapso de dos años y fue designado “Ganadero del Año” más tarde por la Federación Nacional de Ganaderos.
Figuración destacada tuvo igualmente Ricardo D’Marco en la privatización del Banco Guayana del cual fue presidente, hoy absorbido por el Banco Caroní, El Banco Industrial absorbió la mayoría de las acciones en 1984 y éste pasó a ser simplemente Banco Guayana. Pero en marzo de 1996, el 80 por ciento de las acciones del Banco Guayana fue adquirido por un grupo guayanés.

martes, 24 de febrero de 2015

Ley de Vagos y Maleantes



El 14 de octubre de 1997, la Ley de Vagos y Maleantes fue declarada inconstitucional por el Consejo Supremo de Justicia, quedando sin efecto la facultad de los gobernantes y prefectos de detener sin juicio previo a una persona y someterla a prisión.
La doctora Cecilia Sosa Gómez, presidenta de la Corte dijo entonces que correspondería al Congreso aprobar un nuevo y moderno instrumento legal para reemplazar la vetusta y antigua ley violatoria de los derechos humanos.
Aprovechando la bondad de ese dictamen de la Corte, fueron devueltos a sus lugares de origen 131 hombres recluidos en El Dorado, en un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Venezolana como medida de gracia solicitada por los mismos reclusos.
Como la Ley quedó abolida, las prefecturas del estado Bolívar comenzaron aplicar el Artículo 413 del Código de Enjuiciamiento Criminal que faculta a la primera autoridad civil a elaborar e instruir expediente para ser pasado a los tribunales de parroquias, a toda persona declarada como vago y perturbadora del orden público, aculando delitos menores.
La Ley sobre Vagos y Maleantes, cuyo origen se remontaba a 1956, permitía la detención administrativa durante un período de hasta cinco años, sin apelación ni revisión judicial, de personas que la policía considerara una amenaza para la sociedad, pero contra las cuales no había pruebas del delitos imputado que pudieran presentarse ante un tribunal. En la práctica, suponía que una persona podía ser detenida basándose en la mera sospecha de que se trataba de un “vago” o un “maleante”.
Esta ley venezolana, por fortuna, ya derogada, es una desgraciada copia de la ley penal española con el mismo nombre, sancionada en agosto de 1933 referente al tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y cualquier otro elemento considerado antisocial y que posteriormente fue modificada para reprimir también a los homosexuales. “una inquisición importada” dijo al tratar el tema el columnista Alexander Duarte.
La lucha por la derogación de esta ley la inició en julio de 1985 el abogado José Fernández Núñez, quien acudió ante la otrora Corte Suprema de Justicia para interponer una acción de inconstitucionalidad total contra la Ley sobre Vagos y Maleantes, demanda que fue admitida.
En 1986, la Corte asignó un ponente, pero el caso se mantuvo paralizado por espacio de 10 años. Tras ser asignado un nuevo ponente, en 1996, a petición del máximo tribunal, el entonces fiscal general de la República, Iván Darío Badell, opinó que la Ley sobre Vagos y Maleantes era inconstitucional, pero a su juicio el tribunal debía tomar en cuenta mantener la vigencia de la ley impugnada, hasta tanto el Congreso de la República legislara “sobre las medidas de interés social aplicables a los sujetos en estado de peligrosidad y la normativa que regirá su reeducación”.
Cabe señalar al respecto, que el abogado Fernández Núñez argumentó en sus escritos que la “infamante” ley violaba el principio de no discriminación contenido en el artículo 61 de la Carta Magna vigente en aquel entonces, “por cuanto las normas de dicho texto legal siempre se han aplicado a personas de escasos recursos, tratándose por ello de una ley para pobres”.
A su vez, el instrumento legal violaba el derecho a la defensa, pues impedía que los “indiciados” pudieran hacerse asistir por un profesional del Derecho, "limitándose a establecer la intervención del Defensor Público de Presos” y, más grave todavía, atribuía la facultad de juzgar a funcionarios que no eran jueces: autoridades civiles, incluyendo a los jefes del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; gobernadores y el ministro de Justicia, lo que violaba los artículos 69 y 204 de la Carta Fundamental de 1961.
El 14 de octubre de 1997, luego de analizar diversos argumentos, incluso el carácter violatorio de los derechos humanos de la Ley sobre Vagos y Maleantes, la Corte declaró su inconstitucionalidad.