miércoles, 16 de septiembre de 2015

Incautadas Barras de Oro


Nueve barras de oro, del tipo dore, valorado en más de tres millones de dólares, incautó la Guardia Nacional, en Blindados de Oriente a una empresa aurífera transnacional con operaciones de exportaciones en Venezuela.
La información fue suministrada por el jefe del CORE 8, general Alberto Betancourt Nieves. Extraoficialmente se pudo conocer que la empresa en cuestión era Minera Hecla Venezuela, C.A.
Betancourt Nieves destacó que el procedimiento se efectuó el 20 de febrero de 2004, en un actuación de carácter fiscal efectuada en las instalaciones de la compañía Blindados de Oriente -que custodia valores de empresas pública y privadas- ubicada en Unare de Puerto Ordaz.
Allí se pudo constatar que en el lugar permanecían nueve barras de oro, con un peso aproximado de veinte kilos cada una, haciendo una total de más de 168 kilos del mineral aurífero incautado en el procedimiento. El costo en bolívares del material retenido supera los tres millardos.
Recalcó que el oro era amparado para su legal circulación en el territorio venezolano, previa su exportación a Suiza, tan sólo por una fotocopia simple de la guía de circulación emitida por el Ministerio de Energía y Minas, MEM, y una guía de despacho privada.
Dado el tráfico ilícito del metal precioso y la significación que tiene para el país y sus reservas, el Gobierno nacional, en septiembre de 2011, dispuso por decreto que “todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional será de obligatoria venta y entrega” al país.
“La república o los entes públicos designados al efecto ejercerán el monopolio de la comercialización del oro, en los términos que establezcan las políticas que dicte el Ejecutivo nacional al respecto”.
El 17 de agosto el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la nacionalización de los yacimientos de oro del país y la utilización del mineral para su conversión en reservas internacionales.
“Vamos a nacionalizar el oro y vamos a convertirlo, entre otras cosas, en reservas internacionales”, aseguró Chávez entonces, e indicó que la normativa está enmarcada en la Ley Habilitante, que le otorga poderes para gobernar por decreto sin control del Parlamento.
El decreto, con “rango, valor y fuerza de ley”, reserva al Estado “por razones de conveniencia” y “carácter estratégico” las actividades de exploración y explotación de minas y yacimientos de oro, así como el almacenamiento, tenencia, transporte, circulación y “comercialización interna y externa del oro”.
En mayo, Chávez afirmó que la producción nacional de oro bordea en la actualidad las 11 toneladas anuales y que una cifra similar sale de contrabando hacia otros países.
La reindustrialización del sector incluye una labor de represión de la minería ilegal, lo que ha derivado en deportaciones de mineros procedentes de Brasil, Colombia y Guyana, principalmente, que, según Chávez, forman parte de “mafias nacionales y trasnacionales.
En junio de 2012, la Cámara Minera, sin embargo, declaró que luego de la nacionalización del oro por parte del Estado, la producción del preciado del mineral ha caído a niveles insospechados.
Lejos de incentivar la producción, las empresas privadas han desaparecido y con ellas fuentes de trabajo, inversiones de capitales y recursos para el Estado. A pesar de las continuas alertas, incluso la producción estatal de oro ha caído y dejado a Minerven con cuantiosas deudas.
En 2011, la estatal produjo 1.341 kilogramos de oro, 75% de la meta planteada de 1.800 kilogramos y 27% menos de lo producido en 2010, lo que representa tan sólo 16% de la capacidad instalada por la empresa, diseñada para recibir una producción de 8 mil kilogramos del metal dorado. Pero en el sector privado, la situación no es muy diferente, según explica el ingeniero Valerio Guerrero, miembro de la Cámara Minera de Venezuela.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada